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Asumieron las nuevas Autoridades del Consejo

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De izquierda a derecha: el Presidente saliente, Dr. Luis María Bunge Campos, el nuevo Presidente, Dr. Luis María Cabral, y el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti

El Camarista Luis María Cabral asumió sus funciones como nuevo Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, junto al Senador Nicolás Fernández que lo acompañará como Vicepresidente del Organismo. El acto contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti y del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Dr. Julio Alak.

Estuvieron presentes junto a los Señores Consejeros la Vicepresidenta de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, la Señora Ministro de la Corte Suprema Dra. Carmen Argibay, el Procurador General de la Nación Esteban Righi, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, junto numerosos Presidentes de Cámara y Magistrados de los distintos fueros.

Las autoridades salientes Presidente Luis María Bunge Campos y Vicepresidente Ernesto Sanz, recibieron una placa en reconocimiento a su labor durante 2009 de sus reemplazantes.

El Dr. Cabral pronunció un discurso cuyo texto es el siguiente:

"Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sr. Presidente saliente del Consejo de la Magistratura de la Nación; Sra. Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Sres. Miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación; Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; Sr. Procurador General de la Nación; Sra. Defensora General de la Nación; señores Magistrados nacionales y provinciales; Autoridades Nacionales; abogados; colegas y amigos:

Desempeñar la Presidencia de este Consejo Nacional de la Magistratura se presenta como un honor por la confianza depositada por mis colegas.

Los múltiples inconvenientes por los que debió transitar este Órgano Constitucional, joven en comparación con la mayoría de los restantes, ha permitido condensar experiencias e iniciar el tan esperado proceso de consolidación institucional del Consejo de la Magistratura.

Para el cumplimiento de tal premisa nuestra gestión necesariamente deberá enderezarse a acrecentar, sobre la base del diálogo y el consenso, la línea de trabajo en materia de administración coordinada con la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cabeza del Poder Judicial de la Nación- que ha sido presentada por quienes me antecedieron en el ejercicio de la Presidencia.

Este proyecto de gestión mancomunada, a contrario de lo que muchos piensan, no constituye subordinación o abdicación de algunos de los resortes que la Constitución Nacional y las leyes han puesto a cargo de este Cuerpo. (Baste como ejemplo el trabajo conjunto que se viene llevando adelante para concretar el plan informático y que en el año 2010 va a permitir que el Poder Judicial cuente con el Data Center más moderno del país).

Se trata de tomar conciencia que, al igual que la ciudadanía, quienes integran el Poder Judicial de la Nación y los profesionales que actúan ante él requieren de un contexto administrativo preciso, uniforme, previsible, y que verdaderamente satisfaga las necesidades materiales y técnicas que demanda la administración de justicia.

En ese sentido, toda la comunidad jurídica, abogados y jueces, aspiran a una serie de reformas legales que permitan la renovación de la actividad judicial, como la puesta en funcionamiento de un proceso penal acusatorio, la oralización en el proceso civil, la reforma administrativa de la gestión con la creación de oficinas judiciales para que los magistrados puedan privilegiar su actividad jurisdiccional, el avance de las prácticas de informatización, y otras.

Pero estas reformas, que dependen de la decisión de los poderes políticos, deben ir acompañadas del aseguramiento de la autonomía y autarquía financiera del Poder Judicial, elemento fundamental para asegurar su independencia.

Carlos Santiago Nino en su obra "Fundamentos de Derecho Constitucional", en el capítulo dedicado a la"organización del poder", señala: " ...la función judicial de revisar la constitucionalidad de las leyes presupone una concepción general de la función judicial, según la cualindependencia" no quiere decir aislamiento del proceso político democrático, sino contar con fuerza independiente para intervenir en él, en una interacción discursiva, de modo de maximizar su valor epistémico y su operatividad" .

Repárese en la actualidad de aquél pasaje, gestado en tiempos donde aún no existía este Consejo y, por ende, aún no recaía sobre él la obligación de asegurar la independencia de los jueces.

Sin dudas el primer responsable del ejercicio independiente de la magistratura es cada juez que con entereza, templanza y prudencia debe llevar su investidura ante presiones que provengan de poderosos o de poderes.

Pero nuestra función es asegurar que la decisión jurisdiccional independiente e imparcial, más allá de su acierto o error, y sin perjuicio de las críticas y opiniones que merezca, esté a salvo de persecución o sanción.

En un estado democrático y republicano de derecho en el que la decisión judicial debe ser acatada y cumplida aún por los otros poderes, sólo jueces independientes e imparciales son garantía de que sus funciones de control, de resolución de los conflictos y de aseguramiento a todos los justiciables de una plena vigencia de los derechos individuales y los derechos humanos sean realidad.

Posiblemente en la necesidad de no permanecer "aislado del proceso político democrático" pueda encontrarse elsentido final de la integración pluri-estamentaria que requiere este Cuerpo.

La existencia de una pública polémica sobre la integración de este Consejo, las distintas opiniones de sus miembros al respecto, la discusión sobre la incorporación de la Corte Suprema a su seno -que personalmente, como la mayoría de los jueces, he sostenido siempre-, no puede constituirse en un obstáculo a un funcionamiento actual eficiente y eficaz para asegurar una correcta gestión.

Tengan la seguridad que sólo el trabajo coordinado de los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación permitirá gestar esa fuerza conciente e independiente, indispensable para la consolidación de nuestras instituciones democráticas.

En los tres arios por los que ha transitado la actual composición de este Consejo se han producido reformas reglamentarias que no sólo obedecieron a la necesidad de agilizar procedimientos administrativos, sino que denotan la concurrencia de criterios que imponen calidad institucional por encima de cualquier ambición personal o sectorial.

Resulta ingenuo suponer que la reciente reforma del procedimiento de concursos públicos, o los mecanismos de trabajo que se han implementado en el seno de la Comisión de Acusación y Disciplina, constituyen un paliativo definitivo a las dificultades que irrumpen a cotidiano en el desempeño de las tareas encomendadas por el Constituyente. Empero, en esta oportunidad, única al menos en lo que a mí respecta, debo destacar que dichas reformas han pretendido dar respuesta a los requerimientos de ciudadanos e integrantes del Poder Judicial de la Nación, que con similar intensidad y derecho, reclaman un procedimiento disciplinario accesible y un proceso de selección de magistrados transparente.

En el mismo sentido, destaco que por primera vez en la historia del Consejo se han sentado de modo unánime los criterios que deberán regir el funcionamiento de la Escuela Judicial en tanto órgano de formación profesional y técnica de quienes aspiran a la magistratura. Sus planes y programas de estudio y formación son el resultado de una perseverante labor de académicos, abogados y jueces, que no responden a ningún otro interés que el de que los candidatos a ser propuestos como jueces cumplan con un perfil de integridad, independencia, aptitud para actuar con imparcialidad y con las habilidades necesarias para ejercer la función.

Esta nueva estructura nos informa la necesidad de que quienes se preparen para ser jueces logren incorporar conocimiento jurídico; pero también experiencia, compromiso con la cosa pública y calidad en la gestión.

La continuidad de esa línea de formación, al igual que las mencionadas en los demás aspectos, impone una dedicación total de esta Presidencia; pero sólo con el compromiso de los señores Consejeros, que doy por descontado, se logrará colocar a este Consejo de la Magistratura en el elevado lugar que nuestra República le ha reservado y que la sociedad le exige.

Muchas gracias"

VER FOTOS DEL ACTO DE ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

Nutrida asistencia al acto de asunción

Estuvieron presentes: el Procurador del Tesoro de la Nación Osvaldo Guglielmino, los Diputados Nacionales Oscar Albrieu, Ricardo Gil Lavedra y Hector Recalde, el Secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia y el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo.

Los Magistrados Liliana Catucci, Raúl Madueño, Juan Fégoli, Luis García, Ángela Ledesma, Eduardo Riggi, Mario Filosof, Santiago Corcuera, María Najurieta, Elisa Díaz de Vivar, Jorge Morán, Lilia Maffei de Borghi, Eduardo Freiler, Alberto Criscuolo, Antonio Pacilio, Susana Medina de Rizzo, María Laura Garrigós, Miguel Ángel Caminos, Marcelo Gallo Tagle, Fernando Ramírez, Javier Anzoátegui, Ana Dieta de Herrero, Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Marcos Grabivker, María Uzal, Javier Ríos y el ex magistrado Alberto Piotti

Acompañaron también a las nuevas autoridades el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Ricardo Recondo y la Vicepresidenta Lidia Soto; el Dr. Jorge Di Lello en representación del Ministerio Público, junto a Gustavo Kollman y a Alejandro Nobili en representación de los funcionarios, entre otros muchos asistentes que colmaron la Sala Lino Palacio del Consejo de la Magistratura

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